España es líder en cifras de paro en la Unión Europea. En el mes de abril se contabilizaron, según Eurostat, 3,46 millones de personas sin empleo, lo que supone una reducción de 19.000 desempleados respecto de marzo. De los parados, 526.000 eran menores de 25 años.

La crisis pandémica se ha vuelto a cebar con los jóvenes en lo referente a la economía: mientras los trabajadores mayores de 45 años ya superan los niveles de empleo anteriores a la crisis, los menores de 25 años están un 15% por debajo. Es una constante: los jóvenes son siempre los primeros en salir del mercado de trabajo y los últimos en reincorporarse.

El porcentaje ha crecido durante la pandemia y, previsiblemente, seguirá aumentando, porque nuestro mercado laboral hace que los jóvenes accedan con contratos temporales y precarios. Por tanto, cuando viene una crisis son los primeros en ser despedidos. Por otro lado, los que han acabado de estudiar este año o los que estaban con un contrato de prácticas han visto cómo se les cerraba cualquier oportunidad de encontrar un trabajo.

Ahora, gracias a un nuevo informe del Banco de España, tenemos una buena foto de la dureza con la que la crisis está tratando a los menores de 30 años.

Por lo general, la gente joven ha sido acusada de irresponsable y egoísta durante la pandemia. No es que no hayan existido esos comportamientos, pero quedarnos ahí es insuficiente e injusto. El Banco de España nos acerca a una realidad menos anecdótica y más importante. El porcentaje de menores de 30 años sin ingresos ha pasado del 30% antes de la covid al 35% en diciembre de 2020.

El fallo es sistémico: concierne al sistema educativo, al productivo y a las características del mercado laboral. La precariedad se inicia con las debilidades del sistema educativo, en particular el abandono escolar temprano (el segundo más alto de la UE), la insatisfactoria implantación de la formación profesional, la posición rezagada de nuestros estudiantes en cuanto a sus capacitaciones tecnológicas y el encarecimiento de la formación superior.

La Organización Internacional del Trabajo plantea diferentes medidas para dar solución a este problema:

1. Establecer políticas macroeconómicas favorables al empleo juvenil.
Se requiere promover políticas macroeconómicas e incentivos fiscales que apoyen el empleo juvenil, teniendo en cuenta las diversas situaciones económicas de los países.

2. Aumentar la inversión en educación y dar más importancia a la orientación.

Incrementar la inversión para mejorar el acceso a programas de enseñanza de calidad y de desarrollo de competencias. Esto debería complementarse con enfoques específicos que fomenten el aprendizaje a lo largo de toda la vida y faciliten la certificación de competencias.

También hay que establecer medidas que aseguren que las habilidades que proporcionamos a los jóvenes sean las que nuestros mercados laborales realmente necesitan, dado que existe frecuentemente un desajuste entre las competencias que los estudiantes adquieren y las habilidades que se requieren en las empresas.

Asimismo, la importancia de la orientación en la educación y formación. Se deben analizar bien los perfiles, si no se realiza un acompañamiento y orientación de las competencias de los jóvenes para mejorar su empleabilidad, el resultado de la formación que se le da será inútil,

3. Asegurar la calidad del empleo juvenil y su especialización.

Otra de las propuestas que se desprenden del Foro es que las políticas del mercado de trabajo hagan hincapié en mejorar la calidad y la inclusión del mercado laboral.

4. Promover el emprendimiento juvenil.

5. Defender los derechos laborales de los jóvenes.
Debemos preocuparnos no solo por la cantidad de empleos sino también por la calidad de vida laboral”.

6. Crear más empleo juvenil en sectores emergentes.
Otra de las propuestas para mejorar el empleo juvenil es implementar medidas que faciliten la creación de empleo en sectores emergentes como la economía digital, ecológica, creativa o del cuidado.